La decisión del Tribunal Constitucional español de impedir la presencia de las candidaturas de Demokrazia 3 Millioi y Askatasuna en los próximos comicios autonómicos no hace sino agravar la distorsión política que existe entre el Parlamento de Gasteiz y la voluntad popular libremente expresada. Se trata de un agravamiento de la enfermedad que hace que el parlamento resultante de los citados comicios no sea representativo de la voluntad de la ciudadanía de los tres territorios afectados.
Pero la falta de representatividad no viene sólo dada por esa sentencia antidemocrática, sino que tiene unas raíces aún más profundas. Rememorando el clásico La ley del número, del anarquista Ricardo Mella, un opúsculo que vale su peso en oro, habría que decir que la representatividad de todo parlamento, por democrático que este sea, es limitada. Para ello tan sólo hace falta hacer algunos números. Centrándonos en el caso de Nafarroa Osoa, es evidente que de los tres millones de habitantes que vivimos en ella, sólo una parte pueden ejercer el derecho al voto en esas elecciones, los que se encuentran censados en los muinicipios de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, grupo en el que tampoco aparecen quienes viven en el Condado de Treviño ni en Villaverde de Turtzioz. Por lo tanto ahí tenemos un primer desenfoque. Son cientos de miles de ciudadanos navarros los que no votan el uno de marzo.
Salvado este primer desgarro, hay que decir que otra barrera que se instala contra la voluntad popular es la edad. Todas aquellas personas que no alcanzan los 18 años en el momento de la consulta no tienen derecho a decidir nada, aunque son sujetos de numerosas obligaciones, como la de estudiar hasta los 16 años o incluso pueden ser encarcelados a partir de esa misma edad. Es una parte de la población que queda marginada de los comicios. Puede ser comprensible que un niño de 6 años no tenga derecho al voto, ¿pero también lo es que un adolescente de 15, que puede conducir una moto o cazar, carezca de derecho al sufragio?
Una tercera división del corpus general procede del sector de la ciudadanía que no ejerce el derecho al voto. Por que no le interesa, porque no se ha enterado, por vagancia, por ideología anarquista, por considerarse antisistema de izquierda o de derecha, por abulia vital, por cualesquiera razones. Es una parte muy importante del colectivo con derecho al voto la que renuncia regularmente a ejercerlo. También en la CAPV, dónde en 2005 fueron 575.866 ciudadnos y ciudadanas los que renunciaron a este derecho.
Sin entrar en más casos, algunos cuantitativamente pequeños pero cualitativamente reseñables, como las personas que son desposeídas de su derecho al sufragio por motivos penales, quiero decir, ideológicos, hay que pasar a un cuarto estadio. La de todos aquellos votos que, o bien no consiguen ningún tipo de representación y van, de alguna manera, a la basura, o aunque se transformen en escaños, carecen de margen de maniobra para acceder al gobierno, que son la mayoría. Esta situación se resume en que una candidatura, la de EAJ-EA, que aglutinó 468.117 votos en la CAPV en 2005, poco más del 22% de la población total de esa comunidad autonómica, puede ejercer, y de hecho lo ha ejercido durante cuatro años, el poder. Hay que hacer constar la salvedad de que a ese gobierno hay que sumarle los 65.023 votos cosechados por Ezker Batua, lo que eleva el porcentaje al 25%. En todo caso, una excelsa minoría.
Aparte de las repercusiones derivadas de la aplicación de la ley del número, hay otra disfunción importante a reseñar. Se trata de que la democrática definición de un hombre=un voto, queda absolutamente ninguneada en el caso de la CAPV, gracias a que la circunscripción electoral es la provincia y a cada una de las tres se le atribuye el mismo número de escaños, 25, sin tener en cuenta las enormes diferencias de población existentes. El modo de solucionar esta disfunción consistiría en otorgar a cada circunscripción un número de escaños relacionado directamente con la población de cada una, en general más escaños a Bizkaia y menos a Araba, o bien realizar una división de circunscripciones por distritos electorales más pequeños, de similar población entre ellos y con un representante elegido directamente por los ciudadanos de cada circunscripción, al modo inglés o francés.
En fin, a todo este catálogo de despropósitos, desde el punto de vista estrictamente democrático, se le añade ahora uno más, basado en la imposibilidad práctica de que la izquierda independentista mayoritaria pueda presentar listas en los comicios. Un situación de la que se van a ver beneficiadas las ofertas políticas que no tienen impedimentos para presentarse, al parecer por no tener ninguna relación con la violencia política. Creer a estas alturas en que los niños vienen de París se me hace imposible, es decir, todos sabemos, incluido Ramón Jauregui, que los GAL eran violentos y que el PSOE, o una parte del PSOE, los apoyó y jaleó durante años, y si no, recuerdese a Ricardo García Damborenea, su jefe político en Bizkaia. ¿A alguien se le ha ocurrido impedir que la lista del PSOE se presente? Pues eso.
Rafa Diez Usabiagaren iritzia "Berria"n: Guantanamo Euskal Herrian
Magnífica reflexión, permíteme el elogio. Lo de Mella tiene su peso, y debería hacernos reflexionar sobre el verdadero alcance de la democracia indirecta (por llamarle algo, pues democracia es hoy un concepto secuestrado en Euskal Herria, como bien apuntas).
ResponderEliminarCon todo lo que está sucediendo, a uno le resulta difícil imaginar cómo se podrá salir de este charco abyecto, de tan antidemocrático que resulta.